La ley orgánica 8/2021 o LOPIVI explica que:

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos de actuación que recogerán las actuaciones
para construir un entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e
intervención, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia comprendidas en el ámbito deportivo y de ocio. (Artículo 47).

Además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos. (Artículo 48.2)

Estos protocolos se deben aplicar en todos los centros, con independencia de su titularidad (pública o privada).

El delegado de protección será el encargado de detectar una situación de violencia y de asegurar que se cumplen los protocolos y la
protección del menor, con lo que debe ser conocedor de la normativa y de cómo actuar ante accidentes digitales o violencia/abuso en el ciberespacio.

Además de conocer y aplicar estos protocolos, las entidades que realizan deportivas o de ocio con personas menores de edad de manera habitual están obligadas a:

Implantar un sistema de monitorización para asegurar que se cumplen estos protocolos y la protección de los menores de edad.

Designar a un delegado o delegada de protección (figura que se puede identificar con el coordinador de bienestar y protección). Así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia. Adoptar las medidas necesarias para que
la práctica del deporte, de la actividad física, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza. discapacidad. orientación
sexual… trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones
degradantes y discriminatorias.

Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su formación y desarrollo integral.

Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas y los progenitores o tutores legales.